Notas principales

21 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Entrega el ISSSTE 9 mil créditos y pago de seguro de daños a viviendas

02 Oct 2018

538 veces

Al respecto, el mandatario estatal reconoció que la ayuda está llegando efectivamente a la gente que lo necesita, pues las brigadas entregan los apoyos casa por casa, directamente a los damnificados.

Exhorta Quirino a seguir indicaciones del sector salud para prevenir enfermedades

26 Sep 2018

499 veces

Durante este recorrido en la capital del estado, Quirino Ordaz, en compañía de su esposa Rosy Fuentes, hizo el compromiso de iniciar con los estudios técnicos para determinar cuáles son las acciones que se deben realizar y así como gestionar ante la Federación

Nuevo Hospital Central gran legado del Gobernador JM Carreras

24 Sep 2018

656 veces

Conforme al Tercer Informe de Gobierno, el sistema de salud pública de San Luis Potosí ha sido reconocido como el mejor en el país

Conectividad al alcance de los Jóvenes

11 Sep 2018

478 veces

La iniciativa de Gobierno del Estado de Sinaloa por atender la demanda de los jóvenes sinaloenses de contar con acceso a internet gratuito arranca a mediados de 2017 con el proyecto Internet Puro Sinaloa

JM Carreras refrenda su apoyo al sector agropecuario del Estado

27 Ago 2018

589 veces

E Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, refrendó su compromiso de continuar apoyando al sector agropecuario de la entidad, con proyectos productivos de impulso al campo potosino.

La corrupción, un mal negocio para la sociedad y el país

24 Ago 2018

465 veces

La corrupción es un mal negocio para la sociedad y para el país, por lo que se debe atender de manera frontal desde todos los ángulos, acciones que ha venido impulsando el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel desde el inicio de su administración

Reafirma JM Carreras compromiso a favor de los Pueblos Indígenas en el marco de su Día Internacional

09 Ago 2018

502 veces

El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, refrendó su compromiso y trabajo a favor de las comunidades de la entidad, ya que enriquecen nuestra diversidad y suman en temas como la medicina tradicional

Gobernador Carreras y Secretario de Economía inauguran Feria del Programa Nacional de Financiamiento.

23 Jul 2018

516 veces

• SLP como estado invitado expondrá su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y sus atractivos turísticos.

Así fue la visita del equipo de Trump a México.

14 Jul 2018

492 veces

El equipo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo este viernes reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En puerta para Mazatlán, Sinaloa una inversión de 15 mdd de The Offshore Group

10 May 2018

517 veces

“Lo que toca al gobierno es ser facilitador, promotor, amigo de los empresarios, porque lo que queremos todos es generar más empleos, y ustedes son un motor importante para ello, así es que felicidades, bienvenidos y qué bueno que los tengamos en Sinaloa muy pronto”

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.