Turismo

21 Abril, 2026

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De Cinco Estrellas. El chef Vincent Wallez llega a Rosewood San Miguel de Allende para ocupar el cargo de Chef Ejecutivo. Por: Victoria González Prado

19 Sep 2018

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Vincent Wallez llega a Rosewood San Miguel de Allende para ocupar el cargo de Chef Ejecutivo del hotel, siendo responsable de realzar las propuestas gastronómicas de sus distinguidos centros de consumo: Restaurante 1826

De Cinco Estrellas. Air Canada, única aerolínea internacional de cuatro estrellas Skytrax en Norteamérica Por: Victoria González Prado

17 Sep 2018

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La aerolínea de bandera canadiense, Air Canada reafirma posición como la Mejor de Norteamérica, al obtener la calificación de cuatro estrellas que otorga Skytrax, con lo cual se convierte en la única línea aérea internacional de Norteamérica

De Cinco Estrellas. Con la intención de acercar a México con la cultura de la “tapa” y promover la gastronomía española se presentó el Tapatour 2018 edición Castilla y León. Por: Victoria González Prado

14 Sep 2018

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Con la intención de acercar a México con la cultura de la “tapa” y promover la gastronomía española Joana Torrents Carulla, directora de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom)

De Cinco Estrellas. El próximo fin de semana estaremos de celebración con motivo de las Fiestas Patrias, San Miguel de Allende, Guanajuato es un lugar ideal para disfrutar. Por: Victoria González Prado

12 Sep 2018

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El próximo fin de semana estaremos de celebración con motivo de las Fiestas Patrias, San Miguel de Allende, Guanajuato es un lugar ideal para disfrutar

De Cinco Estrellas. Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario de Turismo de Campeche, nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo. Por: Victoria González Prado

10 Sep 2018

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Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario de Turismo del estado de Campeche, es el nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur)

De Cinco Estrellas. Los viajes y la moda son una combinación perfecta y a los mexicanos nos gusta viajar y gastar en ese rubro: Booking.com Por: Victoria González Prado

07 Sep 2018

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Danny Hughes es el nuevo vicepresidente ejecutivo y presidente para el continente americano para Hilton.

De Cinco Estrellas. Nuevo vuelo directo de Puerto Vallarta-Riviera Nayarit a Panamá con Copa Airlines a partir del 16 de diciembre Por: Victoria González Prado

05 Sep 2018

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La aerolínea Copa Airlines presentó ell nuevo vuelo directo a las ciudades de Puerto Vallarta-Riviera Nayarit con la ciudad de Panamá

De Cinco Estrellas. AMResorts, está eliminando por completo el uso de popotes de plástico en sus siete marcas de hoteles de lujo. Por: Victoria González Prado

03 Sep 2018

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AMResorts, compañía de Apple Leisure Group (ALG), está eliminando por completo el uso de popotes de plástico en sus siete marcas de hoteles de lujo

De Cinco Estrellas. Del 11 al 15 de septiembre la cadena de hoteles Meliá Cuba celebrará las “Fiestas Patrias Mexicanas”. Por: Victoria González Prado

31 Ago 2018

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Del 11 al 15 de septiembre la cadena de hoteles Meliá Cuba celebrará las “Fiestas Patrias Mexicanas” en dos de sus hoteles en la capital cubana

De Cinco Estrellas. Inauguran la Segunda Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible y firman declaratoria conjunta para constituir la Red Transatlántica de Turismo Accesible. Por: Victoria González Prado

29 Ago 2018

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Durante la segunda Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, se firme con una declaración Conjunta de Intención para constituir la Red Transatlántica de Turismo Accesible

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.