Turismo

21 Abril, 2026

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De Cinco Estrellas. City Express abre su hotel 133 en Tepic, Nayarit, uno de los pocos estados donde la cadena no operaba. Por: Victoria González Prado

27 Ago 2018

621 veces

City Express, inauguró su hotel número 133 en la capital de Nayarit, uno de los pocos estados donde no operaba.

De Cinco Estrellas. Víctor Moneo, nuevo director de ventas de Iberia para América Latina. Por: Victoria González Prado

24 Ago 2018

488 veces

Iberia ha reorganizado su Dirección Comercial en América Latina con el doble objetivo de reforzar su liderazgo en las rutas que unen Latinoamérica y Europa

De Cinco Estrellas. Diana Olivares, asumirá el cargo de directora general para México, Centroamérica y Cuba, de LATAM Airlines en sustitución de Hector Iriarte. Por: Victoria González Prado

22 Ago 2018

768 veces

Diana Olivares , es la nueva directora general de México, Centroamérica y Cuba, de LATAM Airlines en sustitución de Héctor Iriarte

De Cinco Estrellas. Si procedemos adecuadamente, la corriente de visitantes al país aumentaría hasta ser de 61.5 millones en 2024: Pablo Azcárraga. Por: Victoria González Prado

19 Ago 2018

524 veces

No podemos ser simples espectadores de lo que haga el próximo gobierno.

De Cinco Estrellas. Enrique de la Madrid dejará unos zapatos muy grandes en la Secretaría de Turismo; difícil llenarlos: Pablo Azcárraga. Por: Victoria González Prado

17 Ago 2018

489 veces

Enrique de la Madrid dejará unos zapatos muy grandes en la Secretaría de Turismo.

De Cinco Estrellas. La segunda Muestra Gastronómica del Nopal del 1 al 9 de septiembre en Milpa Alta. Por: Victoria González Prado

15 Ago 2018

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Con el objetivo de conservar la riqueza natural que se encuentra en las zonas agrícolas de Milpa Alta, la jefatura delegacional y el comité de la feria de la Segunda Muestra Gastronómica del Nopal tienen todo listo para la fiesta que tendrá lugar del 1 al 9 de septiembre en la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, kilometro 23 frente al Mirador de San Lorenzo Tlacayucan.

De Cinco Estrellas. InterContinental Hotels Group (IHG), anunció que ha logrado la meta de 100 Holiday Inn Express Hotels en Canadá. Por: Victoria González Prado

13 Ago 2018

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InterContinental Hotels Group (IHG), anunció que ha logrado la meta de 100 Holiday Inn Express Hotels en Canadá

De Cinco Estrellas. La reunión “Nos vemos en McAllen” nos familiarizó con esa ciudad, donde miríada de luces relevan al Sol en las calles. Por: Victoria González Prado

10 Ago 2018

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"Nos vemos en McAllen", reza la invitación que recibimos para conocer los atractivos de la ciudad de ese nombre.

De Cinco Estrellas. Todos los sábados de agosto, los más pequeños de casa, podrán convertirse en chefs del restaurante Alfredo Di Roma y preparar un delicioso menú. Por: Victoria González Prado

08 Ago 2018

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- Con la intención de fortalecer la oferta de rutas Interjet y Japan Airlines firmaron acuerdo bilateral de cooperación

De Cinco Estrellas. El empresario mexicano Raúl Beyruti Sánchez de GINgroup abrirá 21 nuevos restaurantes antes de concluir el año. Por: Victoria González Prado

06 Ago 2018

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De sus marcas propias destacan: Corazón de Alcachofa, Ponte Almeja, Garum,La Goleta, La Casa del Rib Eye, Flash Taco, Los Girasoles, ¡Hay! Huaraches y México Mágico.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.