El principal problema del país es la corrupción, así lo han señalado innumerables encuestas de opinión y diagnosticado hasta el cansancio diversos análisis realizados por especialistas en la materia. No obstante ello, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no acaba de arrancar en México a pesar que desde julio del año pasado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó las leyes para su operación.
A siete meses de esa fecha, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado dio luz verde al proceso de nombramiento del primer fiscal anticorrupción, al desligarlo de la reforma constitucional que señalaba que el titular de la PGR se convirtiera en automático en el primer Fiscal General de la República, aunque el plazo vence el 10 de abril, acordaron nombrarlo antes de julio, por lo que se podría convocar a un periodo extraordinario.
No es la primera vez que el tema se rezaga, y conforme pasan los días y se acerca la fecha electoral de este año, el 4 de junio, hay indicios de que el tema ya se contaminó con el desarrollo de los comicios por las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, por lo que posponerlo responde más a una táctica dilatoria de intereses partidistas que a las demandas ciudadanas.
Lo más grave en todo este estancamiento para el nombramiento de fiscal referido es que en muchas de las campañas políticas que están a punto de arrancar sus candidatos han puesto como eje de su oferta electoral el combate a la corrupción, pero en términos prácticos pareciera que son precisamente los aspectos políticos los que detienen el avance sobre este asunto. Quieren un fiscal a modo.
Aquí el punto es que en la percepción pública se tiene la impresión que el poder legislativo está atado a los resultados electorales, y en ese caso se encuentran temas como la fiscalía anticorrupción, pero también están otros como la seguridad interior, el mando mixto policial, uso de la mariguana con fines medicinales y otros no menos relevantes que tienen su turno hasta pasadas las elecciones de este año.
De acuerdo con el presidente de la Jucopo y coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, en el proceso de elección del nuevo fiscal podrán participar integrantes de la sociedad civil, así como el Comité de Participación Ciudadana del SNA y la academia. Por su parte, el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que harán un esfuerzo para que el nombramiento del fiscal encargado de combatir la corrupción se lleve a cabo, ya sea en el periodo ordinario o en uno extraordinario.
Casos de corrupción hay por todo el país, pero los casos más sonados a últimas fechas se ubican en entidades como Sonora, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, donde los apellidos Duarte, Padrés, Medina, Borge y Moreira, apenas la punta de un iceberg que el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción debe poner en la mira de manera más exhaustiva, pero esto no será posible si la fiscalía especializada para el caso sigue durmiendo el sueño de los justos.
No hay fiscal y desde hace cuatro años sus funciones entraron en un compás de espera. Entre las funciones que desempeñará destacan: Solicitar a autoridades internacionales información y evidencias para indagar funcionarios en el extranjero; emitir solicitudes de información a las autoridades federales, estatales y municipales relacionados con la investigación de funcionarios por actos de corrupción; proponer instrumentos de colaboración con los tres niveles de gobierno para el combate a la corrupción; y solicitar medidas precautorias a un juez si es necesario para una indagatoria.
En el papel todo indica que el SNA tiene avances, falta que el legislativo y los partidos políticos pongan mayor voluntad en este asunto, lograr consensos y contar con un sistema que impida que en México algún otro Duarte siga burlándose de la ley y de los mexicanos.
