Algo no está bien, y el reflejo de ello está ocurriendo en el número 60 de la calle de Cuba, en el Centro Histórico de la CDMX. Primero fueron dos mujeres que se atrincheraron en una sala de juntas del edificio que ocupa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy son decenas de ellas las que ocupan el inmueble, todas ellas exigiendo justicia por diferentes casos, todos ellos dolorosos.

Marcela Alemán, madre de una pequeña que a los cuatro años de edad fue violentada sexualmente en el Instituto Luis Gonzalo Urbina, de Rioverde, SLP, y cuyos agresores siguen libres, sin enfrentar a una justicia que en temas de agravio a las mujeres parece no existir, inicialmente se amarró a una silla en la sede de la CNDH. Lo que pide es justicia; nada más, pero nada menos.

La vía que ella considera adecuada para alcanzarla, concretando la detención de los agresores sexuales de su hija, juzgándolos y haciéndolos pagar con cárcel por una acción que nunca debe justificarse, es entrevistarse con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, exponerle el caso y arrancarle un compromiso. Sin embargo, vaya paradoja, Encinas se ha negado a reunirse con ella.

El 2 de septiembre, Marcela y Silvia Castillo acudieron a la oficina de la CNDH para solicitar apoyo en los casos de sus respectivos hijos. Al hijo de Silvia, Alan, lo asesinaron en 2013. Ambas se reunieron con funcionarios de la Comisión, pero los resultados no las dejaron satisfechas porque asumen que solamente les están dando largas. Por eso decidieron iniciar la protesta.

El caso de la hija de Marcela Alemán data de 2016. Fue ese año cuando la menor hija de Marcela Alemán, de entonces cuatro años de edad, fue agredida sexualmente en su escuela. Originalmente se acusó a dos maestras, aunque posteriormente, por las declaraciones de la menor logradas con ayuda psicológica, se supo que también abusaron de ella profesores varones. A las dos maestras, que fueron detenidas, se les puso en libertad poco después bajo el argumento de que no tenían responsabilidad en los hechos.

Ahí inició el calvario para buscar justicia. Marcela Alemán ha protestado ante el Poder Judicial de la Federación en San Luis, ante el Congreso, ante el Gobierno estatal; ha bloqueado calles buscando apoyo a su causa. Ha sido amenazada de muerte e ignorada por todo tipo de autoridades.

Marcela apeló la resolución del juez y ganó. Sin embargo, todos quienes habrían participado en las frecuentes agresiones sexuales a la menor se encuentran libres. Ella asegura que el director del Colegio, conocido como Lalo Boticas, “tiene más de 10 abogados conectados políticamente con un tal Héctor Galvan, que es quien mueve la justicia en Rioverde y en San Luis Potosí”.

Marcela Alemán asegura que a su hija la sacaban del Colegio en horas de clase y la llevaban a otro lugar donde abusaban sexualmente de ella. No solamente las maestras señaladas sino “otros masculinos a quienes mi hija se refiere como los señores de los tenis azules”. Hasta el momento no hay nadie detenido y la autoridad en el estado duda de la veracidad de los hechos porque la menor, de entonces cuatro años, “no les dio ubicación, hora y detalles de lo que le hacían”. Incluso, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la entidad pone en duda los certificados médicos y psicológicos realizados por autoridades oficiales como el DIF, así como el video que muestra cuando sacaban a la niña del Colegio.

A la menor la llaman “la violada” y sufre bullying. Por ello no acude a la escuela.

La protesta de Marcela Alemán y Castillo es para exigir justicia. “Yo no quiero dinero, como aseguran. Quiero justicia, que las y los responsables paguen lo que le hicieron a mi hija, cuya vida nunca será la misma. Sus terapias de nada le han servido”, señala Marcela.

A la protesta de Marcela y Silvia se sumaron otras mujeres, cada una con su caso, para también exigir justicia. Han exigido la renuncia de Rosario Piedra, la titular de la CNDH, por su inacción y falta de voluntad hacia las víctimas. La protesta de Marcela y Silvia también fue el detonante para que colectivos de feministas tomaran bajo control la sede de la CNDH.

Además de los colectivos feministas, en la sede de la Comisión hay un grupo de mujeres familiares de víctimas de la violencia. Una de ellas es María Icela Valdez, originaria de Reynosa, Tamaulipas. Su hijo desapareció en 2014. “Nosotras somos 10. Llegamos aquí para apoyar a una compañera de San Luis Potosí que había venido a pedir justicia por su hijo asesinado”, refirió Valdez en alusión a Silvia Castillo. Valdez explica que Castillo se encontraba muy mal de ánimo. Como son compañeras del plantón de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Valdez y otros familiares de desaparecidos llegaron a la CNDH a apoyar a Castillo.

A Valdez, el propio presidente le prometió que se haría justicia en el caso de su hijo, y hasta ahora el caso no ha avanzado nada.

Marcela Alemán no podía permanecer mucho tiempo en la Ciudad de México, pues su hija no duerme sin ella y su padre a su lado. Una funcionaria de la CNDH se trasladó, junto con Marcela y su esposo, de vuelta a San Luis Potosí con la promesa de ayudarles en la investigación del caso de su hija y apoyarlas a salir del estado.

Silvia Castillo y las mujeres feministas permanecen en el edificio de Cuba 60.

A Rosario Piedra le ha quedado grande la Presidencia de la CNDH, y en general al gobierno de México le está quedando grande la lucha por la justicia hacia las víctimas.

Nuevamente la frivolidad y la soberbia, esas de las que dicen ser ajenos, les han ganado. Mientras a Rosario Piedra le encontraron los refrigeradores llenos de cortes de carne, al presidente Andrés Manuel López Obrador le preocupa más un cuadro de Francisco I. Madero que asegurar justicia para una menor de edad.

Las mujeres que claman justicia se han ganado el mote de conservadoras por protestar y exigir al gobierno que actúe. “Entiendo que hay mucho dolor, pero la violencia no es el camino”, es el mensaje que manda el presidente a quienes vandalizaron el cuadro de Madero. “Es ridículo que (López Obrador) compare nuestra lucha con la imagen de ese señor. Esta no es la lucha contra el porfiriato, es una lucha de mujeres por una vida libre de violencia”, le responde Yesenia Zamudio, madre de una joven asesinada.

Rosario Piedra dice en un discurso que la CNDH no tiene más compromiso que con el pueblo de México. Las mujeres que hoy ocupan el edificio de Cuba 60 son una muestra del México dolido. Simpatizantes de este gobierno dirán que los casos aludidos ocurrieron en administraciones anteriores, pero olvidan que este sexenio acumula el mayor número de homicidios dolosos, de feminicidios, de ataques sexuales a mujeres, de violencia intrafamiliar.

Los cortes de carne y el cuadro de Madero no deben ser la prioridad. La falta de sensibilidad les está ganando.