A cuatro meses de concretar el proceso del Brexit, el Reino Unido ha irritado a los 27 miembros de la Unión Europea poniendo en riesgo lo que tardó 3 años en alcanzarse tras rondas y rondas de negociaciones para concretar su salida.
Al ver tambalear la integridad del Reino con el Acuerdo que entró en vigor el 1º de febrero del año en curso, el Primer Ministro británico Boris Johnson decidió presentar un nuevo proyecto de ley que contraviene su propio compromiso de crear una aduana interna entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que le daría un margen propio de mercado y aduana dejando a un lado a los demás países europeos. Esta modificación aceptada por los restantes 27 miembros, formaba parte de las medidas adoptadas para regular el status en el que se encuentra la situación de ambas Irlandas (Irlanda del Norte y la República de Irlanda), que mientras la primera sale de la UE junto con Inglaterra y Gales, la última sigue siendo parte de la Comunidad Europea.
Una de las cláusulas medulares que se acordaron en el Brexit fue la mencionada previamente para continuar respetando justamente la relación de las Irlandas. Desde 1998 cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo donde se prevé que no puede haber nunca más una frontera dura entre las dos Irlandas, se ha tratado de mantener esta relación pacífica entre ambas y al mismo tiempo con la Gran Bretaña. Boris Johnson, al temer que ahora se pueda crear una especie de frontera entre la isla de Irlanda y la de Gran Bretaña, se apresuró a presentar el proyecto de ley mencionado con la intención de resarcir lo ya acordado.
Esta ley vulnera el Derecho Internacional al modificar unilateralmente el Acuerdo firmado, por lo que la Unión Europea tiene tres alternativas para responder a la situación. En primer lugar y como ya se ha hecho, desde Bruselas se le ha dado un ultimátum al gobierno británico para no continuar con la aprobación de la ley para evitar llevar a al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de UE (TJCE), lo que sería la segunda alternativa a tomar para que se logre sancionar al RU con lo que estipule el TJCE, o que pague las multas proporcionales a las faltas.
La tercera alternativa que podría ser más un tipo de consecuencia que una medida por tomar, es dejar de reunirse con el Primer Ministro británico eliminando cualquier posibilidad de un futuro acuerdo al minar la confianza y credibilidad depositadas en el gobierno dirigido por Boris Johnson, una carta que los británicos habían utilizado bien hasta la semana pasada.
A las denuncias públicas se le une la Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi. A la par de las declaraciones en Bruselas, Pelosi ha dejado en claro que si el Reino Unido decide continuar con la aprobación de la ley de aduanas y violar el Brexit, dificilmente el Congreso de EEUU logrará un acuerdo EEUU-Reino Unido.
Lo último deja ver que la confianza internacional que se deposita en el Reino Unido podrá esfumarse rápidamente con sus aliados y vecinos más cercanos en primera instancia, y poco a poco con la comunidad internacional. Esto pega en un momento en el que el Reino necesita abrir sus posibilidades de negociación y de crear alianzas estratégicas para no caer en un aislacionismo total. A pesar de que pueda tener los recursos para salir a flote por sí mismo, el Reino cometería un grave error al jugar con su credibilidad y confianza después del proceso tan desgastante y tenso para llegar al Acuerdo de Retirada de la Comunidad Europea. Los costos serán bastante altos para enmendar la desconfianza e incertidumbre provocada por el proyecto y lo serán aún más si deciden dar el sí definitivo a la ley.
