Andrés Manuel López Obrador es un político de la vieja guardia, con viejas ideas de gobierno. Ello, por sí solo, no tiene nada de malo. De hecho, algunos aseguran que el presidente de México es un animal político.

Pero si le añadimos que llegó al poder sin actualizar su visión del mundo, de México y del entorno en el que vivimos, y que tiene una firme obsesión con regresar a políticas del pasado que nunca mostraron eficiencia, como las del echeverrismo, entonces el asunto se agrava.

El López Obrador de hoy, obcecado, miente con frecuencia para tratar de matizar todo lo que en México no camina, que es mucho, y a lo largo de casi dos años ha agravado muchos rubros fundamentales para el país: la economía, la seguridad pública, la atención a la pandemia y a los pacientes con enfermedades graves, el abasto de medicinas, el sistema de salud en general, el combate a la corrupción, la libertad de expresión, el respeto al Estado de derecho y a las instituciones, Poderes y órganos autónomos. Todos estos rubros están o han sido puestos en riesgo en este tiempo.

El mandatario ha traído de regreso el presidencialismo a ultranza. Con él vuelve a la actualidad aquél dicho en el que el presidente pregunta la hora y la respuesta siempre es: “la que usted indique, señor presidente”.

Contrario a lo que pregona, López Obrador exige “fe ciega” a quienes integran el gobierno, aunque ello implique caminar hacia el vacío. Esa “fe ciega” la profesan muchos, y muchos de ellos son, para decirlo vulgarmente, quienes se bajan los pantalones antes de que se los pidan.

Con ese comportamiento, nadie ayuda al presidente. Por el contrario, alimentan su ego, sus complejos, sus rencores, y su poder, ese poder del que gozan los mandatarios autoritarios, dictatoriales, que no aceptan un no por respuesta. En varias ocasiones, el presidente ha presumido falsamente que en su gabinete hay discusiones y debate interno, y que ello es muestra de madurez política y de que su equipo de trabajo “es libre” y como tal tiene libertad para expresarse. Nada más falso.

El presidencialismo a ultranza hoy pide “fe ciega” pero no muestra capacidades ni reflejos para darle vuelta a un barco que va al hundimiento. López Obrador dedica más tiempo a la grilla que a la administración pública, y sus baterías también están enfocadas en su totalidad a la política electoral, aquella que tiene como objetivo que su partido conserve la mayoría en las elecciones intermedias y el poder en las de 2024. Todo esto, a billetazo limpio disfrazado de programas sociales.

Quería pasar a la historia como el mejor presidente de México, y la paradoja es que, como van las cosas en el país, podría pasar como uno de los peores.

López Obrador camina desnudo por el país, portando el nuevo traje del emperador. Su séquito le aplaude, le rinde culto, lo eleva casi hasta la santidad o la divinidad. Pero en el terreno de la realidad la economía dejó de crecer desde el primer trimestre de su gobierno y hoy amenaza con caer más de 10 puntos del PIB este año, lo que podría llevar a la pobreza a 12 millones de mexicanos. Ante ello, el gobierno se niega permanentemente a analizar paquetes de ayuda a las micro y pequeñas empresas. Lo confunde con “rescates” a grandes empresas. El gobierno no acierta a encontrar fórmulas para mitigar el tremendo golpe a la economía que asesta la pandemia.

El presidente mantiene su política de “abrazos, no balazos” y afirma que se acabaron las masacres. Se niega a aceptar lo que se ha documentado: casi 50 masacres registradas en lo que va de su gobierno, y delitos de alto impacto registrando su mayor nivel desde que se miden. Apenas este fin de semana 11 personas fueron asesinadas en un bar de Guanajuato.

En la atención a la pandemia, México se ubica como el cuarto país con más número de muertos a causa del coronavirus, tomando en cuenta exclusivamente las cifras oficiales. Es evidente que algo no está bien cuando en el país el número de fallecimientos lo ubica en el top 5, y con una letalidad mayor a 10%. ¿De qué sirve comparar al país con otros que tienen mayor o menor población, y con ello afirmar tácitamente que México se puede dar el lujo de perder a muchos miles de mexicanos porque tiene una gran población? Sólo sirve para justificar un fracaso evidente en la conducción de una pandemia que en su inicio fue minimizada. Al mismo tiempo, nuestro país lidera el mundo por el número de personal de la salud que ha fallecido por el COVID-19. Es ese personal que siempre reclamó contar con insumos de protección para poder enfrentar a la pandemia, y que siempre recibió evasivas y descalificaciones gubernamentales.

Con 75 mil fallecimientos, México vacila con un semáforo epidemiológico que posibilita a los estados incrementar las actividades productivas, y a la vez avisa que a partir de octubre viene un rebrote que amenaza con elevar nuevamente los contagios y las muertes por COVID-19. En este tema, el gobierno federal ha trasladado a la sociedad, y por supuesto a los gobiernos estatales, la responsabilidad de lo que ocurra. En esta estrategia que López Obrador dice es un ejemplo mundial, el gobierno federal ha sacado las manos y se escuda en el “si y sólo si” las prácticas de desconfinamiento ocurren en forma organizada y efectiva.

Al mismo tiempo, la escasez de medicamentos para atender padecimientos como el cáncer en niños se ha agravado. Ante ello, el gobierno acusa a quienes reclaman por la falta de medicamentos y los llama adversarios. Imagine usted a los niños con cáncer siendo adversarios de un presidente esquizofrénico que miente con frecuencia para afirmar que sí hay medicamentos, pero la realidad registra muertes por la falta de quimioterapias para menores en hospitales públicos. El cuento de tener en México con un sistema de salud igual al de los países nórdicos, se cae a pedazos.

El presidente López Obrador nada en un pantano de corrupción. Se ha comprobado que su gente más allegada se ha involucrado en casos de corrupción. Como respuesta, en vez de ser investigados, reciben la absolución presidencial. En este gobierno es más grave ser desleal que ser corrupto. La llamada cuarta transformación, hoy lo sabemos, es un festín de corrupción. Y en esa posición, la de la corrupción, se hallan dos hermanos suyos, una cuñada y su nuera, además de Sandoval, Bartlett, Guevara, Robledo, y nuevamente su secretario particular.

Los medios de comunicación, aquellos que publican la información que desnuda lo anteriormente descrito, hoy se encuentran bajo amenaza. A pesar de que el presidente afirma que en su gobierno hay y está garantizada la libertad de expresión, sus ataques diarios a los medios y a los comunicadores ponen en riesgo no sólo la libertad de expresión sino la integridad física de quienes publican y documentan lo que ocurre en el país. Medios como Nexos, Letras Libres y Reforma son atacados por el poder. El presidente mismo le dedica horas a un “análisis” que lo lleva a concluir, como si descubriera un hilo negro, que los medios y los opinadores no publican a favor de él o de su gobierno. Fe ciega, también les exige.

Curiosamente, lo que se aprecia en ese “análisis” es que el único medio que “trata bien” al presidente y su gobierno, La Jornada, es el que ha recibido más dinero público por concepto de publicidad en este sexenio: 251.6 millones de pesos durante 2019. Además, quien dirige este periódico, Carmen Lira, es comadre del presidente, y el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, laboró en el mismo periódico por más de una década.

López Obrador promueve consultas públicas anticonstitucionales. Poco le importan la ley y el Estado de Derecho, cuando de aplicar su justicia se trata. Para él, es justo que los ciudadanos decidan en consulta si los expresidentes deben o no ser juzgados. Si el presidente está convencido de que sus antecesores deben ser juzgados, que su gobierno presente las acusaciones correspondientes y los someta a juicio. En este tema, como Poncio Pilatos, López Obrador se lava las manos dejando el tema en decisión del “pueblo” y de la Suprema Corte. En un país democrático no puede haber justicia si no se respeta el Estado de Derecho, y si no se tiene un gobierno decidido a respetar a las instituciones y a las leyes. Un gobierno que no respeta la ley es un caudillismo o una dictadura, pero no democrático.

Cuando falta muy poco tiempo para llegar al segundo tercio, su gobierno se desmorona. Sus opositores encuentran a diario más y más elementos para documentar el fracaso de este gobierno, y dentro del propio gobierno cada vez son más los que se atreven a decirle al presidente que va desnudo por el país, y que ese traje prometido, al que llamó cuarta transformación, en realidad no existe.

Para el presidente López Obrador los culpables de cualquier problema en el país son sus antecesores. Él se muestra incapaz de resolver un solo problema, y mientras, quienes pagan los platos rotos de este mal gobierno son los ciudadanos, aquellos que están indefensos y padecen las pésimas decisiones gubernamentales. A ellos, también, el presidente les pide fe ciega.