El gobierno de la 4T ha tomado el pretexto del ahorro en los recursos públicos para llevar a cabo una serie de acciones que van de lo ridículo a lo totalmente incomprensible. Si encuentran un árbol con una fruta podrida, talan el árbol en vez de eliminar los frutos contaminados y dejar en pie lo que sí sirve.
Pero esa forma de actuar no es por desconocimiento. Tiene toda una intencionalidad que es disfrazada siempre con dichos ridículos que sirven de cortina de humo. Así ha actuado estos dos años de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora anuncia su intención de desaparecer organismos autónomos con el pretexto de que han servido de tapadera para actos de corrupción y que duplican funciones. Propone que las funciones del INAI pasen a la Secretaría de la Función Pública y que las funciones de la CNDH pasen a la Secretaría de Gobernación.
Los derechos humanos sólo pueden ser violados por la autoridad. Por ello, imagínese usted a la autoridad vigilando y sancionando a la propia autoridad. De locos.
A lo largo de los años, la democracia mexicana se ha ido perfeccionando. La elección de 1988, en la que los resultados dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari pero quedó en el ánimo popular la percepción de que el verdadero ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas, fue el inicio de una serie de reformas a la administración pública que permitieron llegar al estado actual.
A partir de esa fecha se creó el IFE (hoy INE) y la CNDH, y con el paso de los años se fueron creando otros órganos, que al principio eran parte dependiente de algunas de las secretarías de Estado, y que después de algún tiempo alcanzaron la necesaria autonomía. El INAI, la COFECE, el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones son algunos ejemplos de esos órganos que hoy desempeñan una función vital para dar equilibrios y evitar que la autoridad sea juez y parte.
Intentar desaparecerlos es un acto autoritario que tiene como objetivo eliminar órganos que hoy son contrapeso a un gobierno que se ha mostrado reacio a la crítica y a la mirada pública. La crítica la ha interpretado como ataque, y como tal busca eliminarla.
¿En verdad la Secretaría de la Función Pública debería hacerse cargo de las funciones del INAI, cuando en sólo 18 meses ordenó limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de los seis meses hasta los 5 años? En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día, y 365 cada mes desde enero de 2019.
López Obrador ofrece a cambio de la desaparición del INAI que su gobierno se obligaría a entregar cualquier información pública en un lapso no mayor a tres días. Sin embargo, es un ofrecimiento que no puede tomarse en serio cuando al mismo tiempo el gobierno mexicano reservó por cinco años los acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas contra el COVID-19.
Las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores reservaron por el mismo periodo los contratos con dichas empresas y el acuerdo firmado con Gavi Alliance para la adquisición de vacunas. Las dos dependencias aseguraron que se trata de acuerdos que están en proceso, y que dar a conocer su contenido afectaría las negociaciones que se están llevando a cabo con las farmacéuticas y en el seno de la alianza global.
En el caso de la COFECE, cómo dejar la vigilancia de una efectiva y real competencia económica en manos de un gobierno que cancela proyectos millonarios por la vía de consultas amañadas y supuestamente avaladas por “el pueblo”.
Este tipo de acciones provocaron que México saliera del top 25 de los países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa, de acuerdo con el Índice de Confianza de IED Kearney 2020. En la edición de 2019, México ocupó el sitio 25 y en 2018 el país se ubicó el en lugar 17.
México salió del top 25 por cuestiones relacionadas con la regulación para la inversión, especialmente por proyectos cancelados como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la cancelación de la construcción de la planta Constellations Brands en Mexicali, además de factores de gobernanza.
Desaparecer a los órganos autónomos implicaría regresar la democracia mexicana a niveles de los años 70, es decir, significaría un gran retroceso provocado por un capricho presidencial. La construcción de la democracia mexicana ha llevado muchos años, y su destrucción podría ser cosa de un corto lapso. Al presidente le urge acabar con todas las instituciones que le hacen contrapeso, para poder mandar a sus anchas.
