Al soslayar la degradación de la calificación de la seguridad aérea de la aviación mexicana, el presidente López Obrador avaló la irresponsabilidad  de la  Agencia Federal de Aviación Civil  Mexicana (AFAC), organismo que fue omiso en las observaciones que hiciera en dos auditorías celebradas en octubre del año pasado y febrero de este año, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos.

En las indagatorias se encontraron que la aviación mexicana no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para estar al nivel de la mayoría de los países, quienes no solo se aplican por temas de rentabilidad comercial en el cumplimiento de todos los requisitos que exige ese organismo, sino por la elemental premisa de resguardar la vida de los viajeros.

Es menester hacer notar que por los recortes padecidos prácticamente en todas las dependencias del gobierno, la AFAC no se salvó de la tijera y si antes de que los rasuraran ya tenían series problemas por falta de recursos, humanos y presupuestales, pues ahora, apenas si tienen lo básico para cumplir con las complejas tareas asignadas.

En este tema, como en otros tantos, si no existe la voluntad política para remediar la degradación de la seguridad del espacio aéreo nacional, pues dirán misa todos los afectados, pero México se saldrá de las grandes ligas de la conectividad internacional para tan solo atender vuelos nacionales.

De hecho, para este mercado, el local, fue diseñado el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que tanto por sus capacidades operativas, como de dimensiones y conectividad del espacio aéreo, solo podrá atender a líneas aéreas nacionales.

Ante todo este grave problema, saltan a la vista dos cuestiones fundamentales, o el presidente López Obrador no tenía conocimiento del impacto brutal a la economía que causaría la degradación del espacio aéreo nacional, o de plano no le prestó la importancia requerida, por estar ocupado en otras tareas, como, por ejemplo, las elecciones del próximo 6 de junio.

Desde luego, la degradación no limita a las compañías aéreas mexicanas continuar volando  a Estados Unidos, pero prohíbe rutas nuevas y aumento de frecuencias, entre otras restricciones que le vienen a dar la puntilla a las líneas nacionales que apenas empezaban a levantarse luego de los nocivos efectos de la pandemia.

Por supuesto, la reacción de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) no se hizo esperar al solicitar la intervención inmediata de la AFAC y del gobierno federal para que, de manera urgente, tomen las medidas técnicas, humanas y presupuestales necesarias que le permitan recuperar la Categoría 1 y así disminuir la grave afectación a la industria nacional, los empleos y la contribución al PIB.

Otra pifia más a esa enorme cadena compuesta por eslabones plagados de yerros,  que comenzaron con la cancelación del aeropuerto de Texcoco; luego, la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía y ahora el descuido y la negligencia por no atender las observaciones que hiciera la FAA.

El asunto no es cosa menor y si AMLO no enmienda el camino, las consecuencias económicas impactarán aún más al empleo formal, la generación de divisas y por supuesto al desarrollo regional en estados del país que viven exclusivamente del turismo.

No es cierto que la degradación de la seguridad del espacio aéreo mexicano, fuera producto de una confabulación gringa  para quedarse con todo el pastel, el problema fue causado simple y llanamente por no cumplir con los requisitos de seguridad que se exigen a todo el mundo.

Ahora qué sigue en este desaguisado;  primero, eludir responsabilidades y echar culpas al pasado, a los conservadores, al gobierno de Estados Unidos, etc.;  segundo, solo hay de dos sopas o se cumplen con todo el expediente de seguridad que exige la FAA, o de plano resurgirá ese país bananero que creíamos era cosa del pasado.