Andrés Manuel López Obrador fue electo para concluir su sexenio el 1 de octubre  de 2024, ni antes ni después. Desde tiempos postrevolucionarios cada presidente en turno, ha cumplido lo que mandata la Constitución en ese sentido,  sin embargo, desde el 28 de noviembre de 2019 se incorporó a la Carta Magna, con disfraz de democracia participativa, un bodrio democrático que se ha aplicado en otras latitudes del mundo que ha abierto la puerta del poder a dictadores, como en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Ahora, en plena discusión sobre la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato, se acomoda la aritmética parlamentaria para que se ajusten las cuentas para alcanzar la mayoría calificada y con ello, acordar un periodo extraordinario en el Congreso que permita ese objetivo, dejando atrás la discusión de fondo por parte de los legisladores sobre este tema que de suyo es de suma relevancia para la democracia.

Los legisladores de oposición tienen clara la perversa intencionalidad que subyace en la revocación de mandato y por ello han cerrado filas para evitar la aprobación de la ley respectiva, ya que el tema merece un análisis más profundo, incluso que pondere la conveniencia de que esta figura permanezca en la Constitución.

A decir de varios diputados, la próxima Legislatura contará con  una oposición aglutinada y con ello  se podrán derogar los apartados constitucionales del Artículo 35 referentes a la revocación de mandato para dejar intacto el mandato sobre el término constitucional de la administración del presidente en turno.

Es decir,  se buscará que a partir del 1 de septiembre, fecha en que inician los trabajos de la  LXV Legislatura, abrogar el apartado de la revocación de mandato de la Constitución y con ello evitar que el país, se mantenga en disputas electorales y de poder todo el tiempo.

La revocación de mandato en sí implica el riesgo que los gobernantes y representantes sólo actúen tres años para quedar bien con la ciudadanía, pero sin objetividad para actuar en función de definiciones de gobierno y Estado.

La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) aseveró que esta iniciativa, que se busca imponer desde Palacio Nacional como una prioridad legislativa, es interesada, tramposa y dolosa, pues no busca la interrupción de mandato del Presidente de la República, sino su continuidad en el cargo.

 “La premura de la exigencia palaciega, el ánimo faccioso que la impulsa y la imposibilidad de contar con leyes reglamentarias, así como la adulteración de la misma en el tema de la revocación de mandato, no propone la interrupción del mandato, sino una continuación de acuerdo a la pregunta planteada”, asentó.

 Cuestionó que el presidente López Obrador en lugar de preocuparse y ocuparse de los problemas nacionales, desperdicie su tiempo y dedicación al embellecimiento de vida pública al impulsar propuestas que vulneran la Constitución Política y dividen a los mexicanos.

 “Esto es una treta y pretexto para que el Presidente tenga la oportunidad para seguir una abierta campaña y continúe teniendo al Gobierno Federal como una agencia electoral y de proselitismo permanente, en demerito y deterioro de los asuntos importantes. Es un nuevo ataque a la democracia”, apuntó.

La atención del presidente de la República debe estar enfocada al cien por ciento en resolver los acuciantes problemas por los que transita el país, en lugar de dedicar todo su tiempo a temas electorales;  ya que además de ser irresponsable, raya en la fragante violación a preceptos constitucionales que le exigen, entre otras cosas,  velar por la vida, el patrimonio, la equidad social y la atención a toda la población, en especial a los más vulnerables.

La figura de revocación de mandato debe salir de todo el entramado constitucional y dejar de ser una amenaza a la democracia y al apotegma postrevolucionario de Sufragio Efectivo, No Reelección.