La decisión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de no convocar a un periodo extraordinario para analizar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, es un duro golpe que le dobló las piernas al hasta ahora todopoderoso bloque Morena-PT-Verde-PES. No lo noqueó, porque, en términos boxísticos, el round se acabó, pero el golpe deja varias lecciones para el bloque oficialista y también para la oposición.

El bloque oficialista, que en la Comisión Permanente comanda el senador Ricardo Monreal, falló en dos ocasiones en su intento por forzar un periodo extraordinario. En las dos ocasiones les hizo falta un solo voto para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario.

Evidentemente, este fracaso sólo puede atribuírsele a Monreal.

Por su parte, el bloque opositor en la Comisión Permanente, conformado por PRI-PAN-PRD-MC, sin un líder definido, se fajó los pantalones, se envalentonó, y de esa forma se dio cuenta de que sí hay forma de ganarle al oficialismo. Los legisladores de la oposición no ganaron por sus argumentos, sino por sus votos. Bastó con que todos los legisladores de los partidos de oposición integrantes de la Comisión Permanente acudieran a la sesión del Pleno y se mantuvieran firmes en su voto contra el periodo extraordinario, para asestar un golpe que dolió hasta Palacio Nacional.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó lo ocurrido en el Congreso. El mandatario considera que los legisladores de oposición están poniendo obstáculos a la voluntad del pueblo. “Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe en la decisión de si sigue o no sigue el presidente de la República”, declaró López Obrador en su conferencia de prensa.

Pero la realidad es que la revocación de mandato, que se introdujo en la Constitución en 2019, se está queriendo utilizar por el presidente López Obrador como un recurso de legitimación que le serviría para afianzar su liderazgo, cuando en realidad debe ser sancionatoria.

El proceso de revocación de mandato, como está establecido en la Constitución, no debe ser convocado desde el poder ni desde la Presidencia. El presidente insiste con frecuencia en que “el pueblo pone, y el pueblo quita”, y en sí la revocación de mandato da la posibilidad al “pueblo” de decidir que un gobernante deje el cargo para el que fue electo anticipadamente.

La revocación de mandato, curiosamente, no existe en países con un sistema presidencial más avanzado como Estados Unidos, pero sí en otros que han padecido fuertes crisis democráticas como Bolivia y Venezuela, en donde ha servido como un refrendo para afianzar aún más a los gobiernos y les permite ir más allá del mandato recibido.

Convocar a la revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía. Con la revocación no se trata de renovar, refrendar o legitimar a un mandatario, sino de poner a discusión la posibilidad de quitarlo del poder por considerarlo un mal gobernante. No debe ser considerado como un premio o recurso de legitimación, sino una sanción que comienza con 3 millones de personas que suscriben la petición de que el mandatario se vaya.

Morena y sus aliados en la Comisión Permanente buscaron, con el dictamen que se aprobó en comisiones pero que fue rechazado en el Pleno, refrendar a López Obrador en vez de revocarlo. Por ello, Monreal propuso mañosamente que la pregunta en la revocación de mandato fuera: “¿Estás de acuerdo en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.

La consulta no debe ser sobre si se queda, sino sobre si se va.

La oposición ganó dos importantes rounds que le deben dar confianza ahora que inicia la siguiente legislatura, el 1 de septiembre. Ya comprobaron que al bloque oficialista se le puede derrotar, y el bloque oficialista, a su vez, ya se dio cuenta de que también puede perder.

Eso, sin duda, no cayó bien en Palacio Nacional.