México necesita tres condiciones elementales en su consolidación democrática: partidos que seleccionen candidatos sin vínculos criminales, autoridades de seguridad capaces de proteger a quienes compiten y organismos electorales absolutamente independientes del gobierno y de los partidos.

Porque una democracia no solamente se destruye alterando las urnas. También se deteriora cuando el dinero criminal decide candidatos, cuando la violencia elimina adversarios, cuando desde el poder se utilizan recursos públicos para inclinar la competencia o cuando los ciudadanos dejan de confiar en quienes cuentan los votos.

En 2027 no solamente estarán en juego 500 diputaciones, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Estará en juego algo mucho más importante: demostrar que México todavía puede organizar elecciones donde el ciudadano —y no el gobierno, los partidos, los tribunales o el crimen organizado— sea quien tenga la última palabra.

Sin embargo, como ya se aprecian las cosas estaremos nuevamente ante una elección de Estado, en donde el oficialismo hará uso de todas sus artimañas para mantener el poder.

El proceso electoral de 2027 apenas comienza y uno de sus principales protagonistas ya llegó a la cancha cargando un pesado costal de cuestionamientos. No hablamos de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o de los nuevos partidos, sino del Instituto Nacional Electoral, precisamente la institución que debería ofrecer certeza, imparcialidad y confianza a todos los contendientes.

El problema para el INE presidido por Guadalupe Taddei no es únicamente presupuestal ni administrativo. Es fundamentalmente de credibilidad.

El proceso electoral federal arrancó formalmente el pasado 10 de septiembre y culminará con la jornada del 6 de junio de 2027. Se trata de una gigantesca operación política, logística y de seguridad que requeriría de una autoridad electoral particularmente sólida.

Y ocurre exactamente lo contrario.

El INE llega dividido internamente, con cambios importantes en su estructura y con una oposición que abiertamente cuestiona su imparcialidad. La salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva, apenas horas antes del arranque formal del proceso electoral, volvió a exhibir la inestabilidad existente dentro del organismo. Es el cuarto interinato en menos de tres años en una posición fundamental para la operación institucional.

El Consejo General aprobó un anteproyecto para 2027 por alrededor de 47 mil 700 millones de pesos, incluyendo financiamiento a partidos y recursos precautorios. El argumento del INE es atendible: tendrá que enfrentar procesos federales y locales, preparar además procesos judiciales y realizar una operación electoral de enormes dimensiones.

Recortar irresponsablemente esos recursos sería peligroso. La austeridad no puede convertirse en mecanismo para debilitar capacidades esenciales como capacitación, instalación de casillas, fiscalización, padrón electoral y vigilancia de las campañas. Un árbitro sin dinero suficiente también puede convertirse en un árbitro vulnerable.

Pero quizá el episodio que mejor retrata el problema de percepción ocurrió precisamente durante el arranque del proceso electoral.

Entre los invitados apareció la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Guadalupe Taddei explicó después que tradicionalmente se invita a representantes de los tres Poderes de la Unión y defendió la presencia de la responsable de la política interior del gobierno federal. Institucionalmente puede encontrarse una explicación; políticamente, sin embargo, resulta cuando menos desafortunada.

En una elección donde la oposición acusa desde ahora la posibilidad de una elección de Estado, las formas importan tanto como el fondo. Un árbitro cuestionado debería guardar incluso mayor distancia del poder. No basta ser imparcial: hay que parecerlo.

Ese será precisamente uno de los mayores problemas de la oposición rumbo a 2027. PAN, PRI, MC y las nuevas organizaciones partidistas no solamente tendrán que construir un verdadero trabuco de candidatos competitivos, presentar propuestas atractivas y superar sus propios desprestigios; también deberán vigilar permanentemente las decisiones del INE y del Tribunal Electoral.

Pero existe una amenaza todavía mayor que cualquier pleito partidista: el crimen organizado.

La experiencia reciente obliga a encender todas las alarmas. En procesos electorales de 2021 y 2024 se documentaron decenas de asesinatos y numerosas agresiones contra aspirantes y candidatos. Para 2027 vuelve a preocupar la infiltración criminal en candidaturas, campañas y gobiernos municipales, particularmente porque se disputarán miles de cargos locales, justamente aquellos donde los grupos delincuenciales tienen mayores incentivos para controlar policías, presupuestos, territorios y autoridades.

El propio INE reconoce la gravedad del problema y ha creado mecanismos para revisar candidaturas, pero existe una limitación fundamental: buena parte de la responsabilidad seguirá recayendo en los partidos.

Cuando las elecciones son una fiesta de la democracia, en México se parece más a una jornada fúnebre, por la estela de terror y sangre que dejará bajo su paso y los cuestionamientos sobre la imparcialidad e independencia del INE y del TEPJF.