Aunque formalmente el presidente de México no reconoce que exista una guerra contra el robo de combustibles, lo cierto es que es tan real y violenta como la misma batalla que se libra contra los capos de la droga, que por cierto, también se argumenta que ya  terminó.

Los focos rojos están prendidos en el ejército, la marina y la policía federal por la reacción que hay entre los grupos de huachicoleros que amenazan  atacar, mediante el esquema de guerrillas para desestabilizar al país.

La camioneta bomba que se dejó en las inmediaciones de la refinería de Salamanca no es cosa menor, al contrario, es un asunto de alta prioridad que ha puesto a trabajar a las áreas de inteligencia del Estado para desmantelar esos grupos.

Si bien es cierto que con el abasto de combustibles regularizado en la mayoría del país, el tema bajó mediáticamente, eso no significa que haya disminuido la intensidad de los enfrentamientos y menos el intento de seguir perforando los ductos.

La tragedia ocurrida en Hidalgo, en donde a la fecha han perecido 127 personas, es una expresión del peligro en que está la población  y  nadie está exento de padecer  los estragos de la perforación de ductos o tuberías.

Buena parte del territorio nacional, parece una zona minada, por los ductos y tuberías que están enterrados, incluso en las grandes ciudades, como la misma capital del país, se tiene robo de combustible, tal como sucedió en la alcaldía de Azcapotzalco.

Cierto, se requieren sanciones más severas contra los ladrones de combustible, tal como se ha propuesto, por diversos legisladores en el Congreso, pero también es necesario que Pemex diseñe una plan maestro de distribución de los combustibles que contemple la reubicación de ductos, alejados de centros urbanos, así como el uso de pipas que cubran con todas las medidas de seguridad y no cambiarlas, como se ha hecho, en razón de las nuevas pipas que compró el gobierno de López Obrador, que de ninguna manera, cumplen con las disposiciones vigentes.

Se necesita que tanto este plan como la estrategia de combate contra el huachicoleo, tenga como prioridad proteger la vida de los ciudadanos, al tiempo de garantizar el abasto de los combustibles y por supuesto refundir en la cárcel a los delincuentes.

Héctor Jiménez y Meneses, diputado de Morena, planteó modificar los artículos 9 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para aumentar las sanciones para quien cometa delitos en esta materia; determinar que cuando la cantidad de hidrocarburo sea: menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 6 a 8 años de prisión y, mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a mil litros, se impondrá de 8 a 10 años de prisión.

Además, que los delitos de sustracción, robo, aprovechamiento, almacenamiento o alteración de hidrocarburos, así como en aquellos casos en que se cause una contingencia masiva que afecte a la población provocando que los cuerpos de emergencia intervengan para su atención, se consideren delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se debe trabajar en todos los frentes para combatir el hurto, pero también hay que considerar que el crimen organizado y el mismo “desorganizado”, buscan siempre un modus vivendi que les permita vivir al margen de la ley, por ello, si se les cierra el mercado de las drogas, buscan el cobro de piso, si este se acaba, van por el huchicoleo y así  hasta el infinito, por ello se deben aplicar medidas ejemplares de castigo.