Turismo

27 Abril, 2026

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Turismo

De Cinco Estrellas. Grupo Presidente, en alianza con InterContinental Hotels & Resorts (IHG) abrió Staybridge Suites. Por: Victoria González Prado

30 Abr 2021

410 veces

Grupo Presidente, en alianza con su socio InterContinental Hotels & Resorts (IHG), abrió Staybridge Suites Guadalajara Novena, propiedad número 11 de la marca Staybridge Suites en el país.

De Cinco Estrellas. 2.5 mil millones de dólares se invertirán en diferentes estados del país. Por: Victoria González Prado.

28 Abr 2021

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2.5 mil millones de dólares se invertirán en diferentes estados del país se anunció durante la realización de la Cumbre Mundial del WTTC que se realiza en Cancún.

De Cinco Estrellas. A partir del 2 de julio Emirates reanudará vuelos Ciudad de México-Barcelona-Dubái. Por: Victoria González Prado

26 Abr 2021

435 veces

A partir del 2 de julio próximo, Emirates reanudará cuatro vuelos semanales Ciudad de México-Barcelona-Dubái, con la intención de impulsar el comercio y el turismo, al tiempo que ofrece más conectividad, comodidad y opciones

De Cinco Estrellas. Panamá, primer país de América Latina que empezará –en mayo– a utilizar el IATA Travel Pass. Por: Victoria González Prado

23 Abr 2021

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A partir de mayo, los viajeros que ingresen a Panamá deberán presentar su prueba negativa de Covid-19 mediante pasaporte digital creado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el IATA Travel Pass.

De Cinco Estrellas. Del 25 al 27 de abril se llevará a cabo la Cumbre Mundial del WTTC. Por: Victoria González Prado

21 Abr 2021

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La Cumbre Mundial organizada por el WTTC tendrá lugar del 25 al 27 de abril en Cancún y se convierte en el primer gran evento del sector turismo en este año bajo el lema “El mundo unido por la recuperación”

De Cinco Estrellas. Marriott International, Banorte y Mastercard lanzan nuevas tarjetas de crédito. Por: Victoria González Prado

19 Abr 2021

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En la reunión virtual dieron a conocer el lanzamiento de las tarjetas de crédito Marriott Bonvoy (Oro) y Marriott Bonvoy Inspire (Platinum) en México.

De Cinco Estrellas. República Dominicana, en el primer trimestre del año muestra destacada recuperación. Por: Victoria González Prado

16 Abr 2021

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En el primer trimestre de 2021, República Dominicana recibió 263 mil 857 pasajeros extranjeros no residentes, 56 por ciento de aumento respecto a febrero de 2021, y 3.4 por ciento sobre marzo de 2020

De Cinco Estrellas. Poder estar cerca de los seres queridos una de las razones que motiva a los mexicanos a viajar. Por: Victoria González Prado

14 Abr 2021

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Los mexicanos nos caracterizamos por celebrar en grande prácticamente todo; sin embargo, la pandemia por Covid-19 provocó que las reuniones disminuyeran en gran medida para cuidar la salud propia y la de quienes nos rodean

De Cinco Estrellas. Movimientos estratégicos en gerencias generales en Ciudad de México. Por: Victoria González Prado

12 Abr 2021

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Álvaro Rey se ha hecho cargo de la gerencia general regional de los hoteles Presidente InterContinental Polanco y Santa Fe, reemplazando a Guillermo Valencia

De Cinco Estrellas. Mañana sábado, Iberia, usará por primera vez el IATA Travel Pass. Por: Victoria González Prado

09 Abr 2021

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Iberia será la primera aerolínea en utilizar en las rutas entre Europa y América Latina el IATA Travel Pass, que empezará a funcionar mañana sábado 10 de abril en el vuelo de Montevideo, Uruguay.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.