Turismo

27 Abril, 2026

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Turismo

De Cinco Estrellas. AmResorts dará identidad a sus seis marcas de hoteles. Por: Victoria González Prado

27 Ago 2021

448 veces

Yarla Covarrubias, directora comercial de AMResorts y Claudio Zboznovits, vicepresident of global sales & business development at AMResorts, presentaron ante socios y aliados comerciales, durante comida, la nueva marca AMR

De Cinco Estrellas. El Fonatur el gobierno de Guerrero y empresarios impulsarán IxtapaZihuatanejo. Por: Victoria González Prado

25 Ago 2021

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Con la intención de crear el Fideicomiso de Desarrollo para diseñar, urbanizar, construir y operar lotes inmobiliarios para el desarrollo de proyectos turísticos en el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Ixtapa-Zihuatanejo

De Cinco Estrellas. Marriott abre el primer Delta Hotel by Marriott All-Inclusive en el Pacífico mexicano. Por: Victoria González Prado

23 Ago 2021

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El nuevo Delta Hotels by Marriott, Riviera Nayarit, An All Inclusive Resort, abrió en Riviera Nayarit, destino considerado de lujo en el Pacífico Mexicano y siendo el primer hotel de la marca en México

De Cinco Estrellas. El Grupo Hotelero Palladium apuesta por la reactivación. Por: Victoria González Prado

20 Ago 2021

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La cadena hotelera Palladium Hotel Group continúa apostando lanza la “Semana Palladium” del 23 al 31 de agosto con oportunidades únicas para poder viajar a partir de noviembre y hasta diciembre 2022

De Cinco Estrellas. Por 2 mil 700 millones de dólares la hotelera estadounidense Hyatt Hotels Corporation comprará Apple Leisure Group. Por: Victoria González Prado

18 Ago 2021

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Por 2 mil 700 millones de dólares la hotelera estadounidense Hyatt Hotels Corporation llegó a acuerdo para comprar Apple Leisure Group (ALG) los fondos KKR y KSL Capital Partners

De Cinco Estrellas. Canadá reabrirá su frontera a viajeros mexicanos completamente vacunados. Por: Victoria González Prado

16 Ago 2021

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Después de 17 meses de cierre, el Gobierno de Canadá planea flexibilizar las medidas fronterizas para los viajeros mexicanos que estén completamente vacunados al reabrir la frontera el próximo 7 de septiembre del 2021

De Cinco Estrellas. Burea Veritas otorgó a Viva Aerobus el ISO 9001:2015. Por Victoria González Prado

13 Ago 2021

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La certificación Internacional de Burea Veritas otorgó a Viva Aerobus el ISO 9001:2015 del organismo ya que el sistema de gestión de calidad implementado por la aerolínea cumple con los estándares internacionales

De Cinco Estrellas. Durante la Semana de Dubái en México se presentó: “Dubái Presents”. Por: Victoria González Prado

11 Ago 2021

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La Semana de Dubái en México –virtual-- tuvo como objetivo convertir a ese destino en el número uno para viajeros mexicanos y de todo el mundo

De Cinco Estrellas. De acuerdo con cifras del IER cada día que México permanezca en la “lista roja” de Reino Unido, perderá. Por: Victoria González Prado

09 Ago 2021

461 veces

No tenemos la menor duda que el país atraviesa por nueva ola de contagios y pareciera que la economía está por encima de la vida pues no se han tomado medidas que impidan que los contagios se extiendan por todo el territorio nacional

De Cinco Estrellas. La sostenibilidad en los hoteles, la tendencia que se convirtió en compromiso prioritario. Por: Victoria González Prado

06 Ago 2021

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Los viajes sostenibles se han convertido en prioridad para los turistas, ya que la meta de preservar el planeta y pensar en las futuras generaciones es creciente necesidad.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.