Turismo

27 Abril, 2026

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De Cinco Estrellas. Todos los fines de semana –junio/agosto-- finca La Concordia te ofrece el Berries Club Fest. Por: Victoria González Prado

16 Jun 2021

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Todos los fines de semana, --de junio a agosto-- finca La Concordia abrirá sus puertas para celebrar Berries Club Fest, para que además de recoger blueberries, y llevarlas a casa

De Cinco Estrellas. Mula Fest del 18 al 20 de marzo 2022, en Acapulco, resaltará la cultura urbana. Por: Victoria González Prado.

14 Jun 2021

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Mula Fest Acapulco, festival de tendencias y cultura urbana, organizado por la Feria de Madrid (IFEMA) se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo del 2022 en el Hotel Pierre Mundo Imperial en la bahía de Santa Lucía

De Cinco Estrellas. Panamá muestra a México sus atractivos y bondades para congresos y ocio. Por: Victoria González Prado

11 Jun 2021

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Iván Eskilosen y Fernando Fondevila, ministro de turismo y director de Promtur, ambos de Panamá, ofrecieron conferencia virtual para dar a conocer la diversidad de atractivos que ofrece ese país

De Cinco Estrellas. Inconsistencia e irresponsabilidad del gobierno para el sector turístico. Por: Victoria González Prado.

09 Jun 2021

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Muchas agencias de viajes, operadores mayoristas y en general el sector turístico del país ha padecido la pandemia, quizá, como ningún otro sector

De Cinco Estrellas. Iniciará vacunación en la frontera norte y también en algunas zonas turísticas. Por: Victoria González Prado

07 Jun 2021

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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que los municipios de la frontera norte de México recibirán las vacunas Jansen de Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos y serán aplicadas a personas entre los 18 y 39 años de edad a partir de julio.

De Cinco Estrellas. Construido alrededor del amor, mädi Hotel Boutique ofrece nuevas experiencias en San Miguel de Allende. Por: Victoria González Prado

04 Jun 2021

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Su nombre es mädi palabra en lengua otomí que significa amor. Es hotel boutique incluyente que abrió a finales del 2020 en San Miguel de Allende, Guanajuato

De Cinco Estrellas. Carla Ponce de León y Jorge Sales presentaron Lynk by CPS. Por: Victoria González Prado.

02 Jun 2021

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Carla Ponce de León y Jorge Sales, presentaron oficialmente Link by CPS, nueva empresa que representa VIPort Lounges

De Cinco Estrellas. Dos nuevas rutas de Viva Aerobus de San Antonio y Houston a Guanajuato. Por: Victoria González Prado

31 May 2021

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La aerolínea Viva Aerobus anunció dos nuevas rutas de San Antonio y Houston Texas a Guanajuato. Autoridades estatales reconocieron a los directivos de la aerolínea, por ser empresa socialmente responsable

De Cinco Estrellas. Estudio Millessime en The St. Regis Hotel abrirá solo para socios el 1° de junio. Por: Victoria González Prado

28 May 2021

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El restaurante “Estudio Millesime”, ubicado al interior de The St. Regis Hotel, abrirá nuevamente sus puertas --solo a socios el 1° de junio--

De Cinco Estrellas. Cambia de fecha el 45 Tianguis Turístico en Mérida. Por: Victoria González Prado.

26 May 2021

305 veces

No hay duda que las ferias turísticas proveen el espacio para que los países se muestren como destino ante diferentes mercados

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.