Turismo

27 Abril, 2026

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De Cinco Estrellas. “Vive el Vino” reunirá lo mejor del sector vitivinícola de México y el mundo. Por: Victoria González Prado

07 Jun 2023

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El sector vitivinícola en México registra crecimiento y más popularidad, sobre todo en el Bajío, prueba de ello, es que Guanajuato recibirá el Concurso Mundial de Bruselas

De Cinco Estrellas. Grupo Xcaret deberá eliminar de sus páginas web y parques toda simbología maya. Por: Victoria González Prado

05 Jun 2023

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La sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, con sede en Cancún, concluyó que Grupo Xcaret deberá eliminar de sus páginas web y parques toda simbología maya

De Cinco Estrellas. Presentan la remodelación del lobby y el bar Epicentro del hotel Presidente Intercontinental. Por: Victoria González Prado

02 Jun 2023

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Con la interpretación de “El Bolero de Ravel” –acompañado por bailarinas que se movían cadenciosamente al ritmo de la música-- Rapsodia Bohemia y dos piezas de rock sinfónico, inició la presentación de la remodelación del lobby y el bar Epicentro

De Cinco Estrellas. Vinos de Aguascalientes ganan en Concurso Mundial de Bruselas 2023. Por: Victoria González Prado

31 May 2023

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Los vinos de Aguascalientes destacan en el Concurso Mundial de Bruselas 2023, lo que refleja la fortaleza de tradición, la vitivinícola

De Cinco Estrellas. IATA organiza el WOCA 2023 a realizarse los días 27 y 28 de junio en la CDMX. Por: Victoria González Prado

29 May 2023

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“Fomentando la aviación en apoyo a la recuperación socioeconómica”

De Cinco Estrellas. Promueven en la Ciudad de México los atractivos de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Por: Victoria González Prado

26 May 2023

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Así, la parte de la Provenza, invita a descubrir pueblos pintorescos y ciudades de arte y cultura como Aix-en-Provence, Arles, Aviñón o Marsella

De Cinco Estrellas. La 43 Feria Nacional del Queso y el Vino -26 de mayo 11 de junio- Por: Victoria González Prado

24 May 2023

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Serán tres fines de semana para disfrutar, en el Parque La Pila, con alrededor de 32 expositores y actividades que combinarán arte, cultura, música y gastronomía

De Cinco Estrellas. Los lugares nacionales e internacionales más buscados y “Cuando te quieras ir te vas” Por: Victoria González Prado

22 May 2023

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Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding informó que el sector ya está totalmente recuperado tras la pandemia del Covid-19

De Cinco Estrellas. Visitantes mexicanos en Texas dejan 15.4 por ciento de derrama económica en lo que va de 2023. Por: Victoria González Prado

19 May 2023

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Uno de cada 11 empleos y 67.6 miles de millones de dólares fueron generados por el turismo en 2022 y México es uno de los principales mercados turìsticos internacionales

De Cinco Estrellas. Con una inversión neta de 270 millones de pesos inicia la construcción de, Ballesol Lomas Verdes. Por: Victoria González Prado

17 May 2023

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A casi siete años de aquella inauguración, hace unos días inició la construcción de lo que será Ballesol Lomas Verdes en el Estado de México

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.