Turismo

27 Abril, 2026

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De Cinco Estrellas. Yucatán llega a la Ciudad de México y se instala en el zócalo. Por: Victoria González Prado

15 May 2023

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Desde el viernes 12 y hasta el próximo domingo 21 de mayo Yucatán está en el zócalo de la Ciudad de México "Yucatán expone"

De Cinco Estrellas. La recuperación total del turismo con vigoroso arranque en este 2023: OMT. Por: Victoria González Prado

12 May 2023

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En el segundo Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo mundial del año indica que la recuperación del sector sigue su rápida evolución en 2023

De Cinco Estrellas. Feliz día de las madres, a las que compartirán en familia y a las que físicamente no están… Por: Victoria González Prado

10 May 2023

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Antes que nada quiero felicitar a todas las mamás. A las que hoy compartirán en familia y recordar a las que ya no están físicamente pero tienen un lugar especial en los corazones de sus hijos. Felicidades a todas ellas

De Cinco Estrellas. Llega a la Ciudad de México y Guadalajara, Misión Comercial de Florida. Por: Victoria González Prado

08 May 2023

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En su oportunidad, Rafael Aponte, director general de Aviareps y representante de Visit Florida en México dijo que la reunión no sería posible sin el apoyo y asociación con touroperadores

De Cinco Estrellas. Para el año 2025 se espera 30% de crecimiento estratégico de la cartera de marcas de hoteles Hyatt en México. Por: Victoria González Prado

05 May 2023

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La expansión de las marcas en México llega a destinos conocidos por su cultura, arquitectura, gastronomía e historia, ofrece experiencias memorables para huéspedes, socios de World of Hyatt

De Cinco Estrellas. Firman convenio de la alianza del Mar de Cortés cinco entidades del país. Por: Victoria González Prado

03 May 2023

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Autoridades estatales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit firman el convenio de la Alianza del Mar de Cortés

De Cinco Estrellas. Lelé está de gira por la Unión Americana para promover su ciudad natal. Por: Victoria González Prado

28 Abr 2023

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Lelé, la famosa muñeca artesanal originaria del pueblo mágico de Amealco en Querétaro ya tiene programados cuatro recorridos en ciudad de Estados Unidos

De Cinco Estrellas. Con derrama superior a los 700 millones de pesos y aforos de hasta 70 mil personas. Por: Victoria González Prado

26 Abr 2023

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Con derrama superior a los 700 millones de pesos y aforos de hasta 70 mil personas, la Feria de Puebla 2023 se llevará a cabo del 27 de abril al 14 de mayo en el Centro Expositor de la entidad

De Cinco Estrellas. Elena Reygadas reconocida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023. Por: Victoria González Prado

24 Abr 2023

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Votaron mil 80 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, escritores, críticos gastronómicos, restauradores, entre otros, en proceso auditado por Deloitte

De Cinco Estrellas. Puerto Vallarta participó en el “Seatrade Cruise Global 2023” Por: Victoria González Prado

21 Abr 2023

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La comitiva mexicana estuvo conformada también por el Puerto de Hutchison en Ensenada, Baja California, Puerto Chiapas y el Puerto de Progreso, Yucatán

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.